Fascination About orden de detencion europea y entrega - asistencia legal

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Por ello, se ha decidido modificar la técnica normativa empleada hasta ahora en la incorporación de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor transposición, como reducir la dispersión normativa y la complejidad de un ordenamiento que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jurídicos su tarea de aplicar el Derecho en un ámbito ya de por sí complejo y nuevo.

Asimismo, debe mejorar la protección de las víctimas, la seguridad ciudadana y promover la adopción de resoluciones de libertad provisional en relación con imputados que no sean residentes en el Estado miembro donde se sigue el proceso penal en su contra.

Artículo seventy five. Consecuencias en el proceso español de la ejecución en otro Estado miembro de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

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La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega en los siguientes supuestos:

c) Que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendría derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.

a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea de detención y entrega y éste fuera perseguible por la jurisdicción española.

La competencia tanto para la transmisión como para la ejecución de los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal.

1. La transmisión de la resolución por la que se impone una pena o this contact form medida privativa de libertad por la autoridad judicial española competente a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución, exigirá recabar previamente el consentimiento del condenado ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deberá estar asistido de abogado y en su caso, de intérprete y habrá tenido que ser informado en términos claros this contact form y comprensibles de la finalidad de la audiencia y del consentimiento.

d) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena o medida de seguridad privativas de libertad.

En resumen, la extradición y la ODE son procesos legales utilizados por los Check This Out estados para solicitar la entrega de una persona que se encuentra en otro estado para enfrentar cargos por delitos cometidos en el estado solicitante. La extradición es un proceso más complejo que implica negociaciones bilaterales y se aplica a nivel internacional, mientras que la ODE es un proceso más rápido y eficiente que se aplica solo entre los estados miembros de la UE.

Otra diferencia clave es que la ODE solo se aplica a delitos que se castigan con una pena de prisión de al menos tres años, mientras que la extradición se puede aplicar a delitos de cualquier gravedad.

O. Considerando que la doble tipificación es un concepto referido a la extradición internacional que, aun siendo difícilmente compatible con el reconocimiento mutuo, puede ser necesario en la práctica, con un alcance muy limitado, para las personas buscadas, según la jurisprudencia del Tribunal; que la doble tipificación solo es un motivo facultativo para no ejecutar una orden de detención europea y rara vez es invocado por las autoridades de ejecución; que la lista de delitos sin doble tipificación ya incluye una amplia variedad de delitos, muchos de los cuales aún no han sido objeto de una armonización muy intensa en los Estados miembros, y que dicha lista debe reevaluarse y, probablemente, ampliarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo two, apartado three, de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea;

La orden de detención europea es una decisión judicial emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) para la detención y entrega por parte de otro Estado miembro de la UE de una persona buscada para proceder a su enjuiciamiento penal o para ejecutar una pena de encarcelamiento.